Por Francisco Zúñiga Esquivel
FOTO: El Norte
Cuando el animalito tiene pico de pato, cola de pato, y hace cuac, seguro es pato.
Por eso no puede uno dejar de relacionar ciertos ataques con las críticas que sus víctimas realizan previamente.
El último caso en la entidad, el de un comerciante de Allende, que denunció las extorsiones que pretendían hacerle gente del municipio, hasta por 50 mil pesos, y casualmente, alguien llegó a su negocio y lo incendió intencionalmente.
Claro que no hay elementos para acusar a nadie menos al alcalde panista Eduardo Leal, pero es imposible no notar la coincidencia de la denuncia con los ataques. Recordemos que toda extorsión se fundamenta en una amenaza.
A nivel nacional, Bernardo Bravo Manríquez, líder de los limoneros en Morelia, fue secuestrado, torturado y asesinado, días después de que advirtió que no dejaría que el Tianguis Limonero de Apatzingán se llenara de “coyotes” enviados por el crimen organizado para poner sus propios precios y llevarse la ganancia.
En ambos casos, la autoridad lleva una buena parte de culpa porque es la responsable de proteger a los ciudadanos de cualquier acto de un delincuente. No lo hace.
En Allende y en Apatzingán no existen condiciones de seguridad para quienes pretenden evitar ser víctima del crimen organizado, ya sea venga de los cárteles o de las mismas instituciones de Gobierno. Porque existe también planeación entre funcionarios para extorsionar negocios, pero a la gente le da miedo, con justa razón, denunciar porque se sienten totalmente desprotegidos.
En García, un sinfín de comerciantes fueron obligados a pagar una cuota especial a funcionarios municipales, sin recibo alguno. Se quejaron en el anonimato de las redes, pero no hubo denuncia. Los transportistas se han cansado de señalar los actos ilegales de agentes de Tránsito de la Zona Metropolitana, que los detienen y obligan a pagar cuota para que no les detengan la unidad. Y no son 500 pesos, sino mucho más.
Todo eso nos hace indicar que el crimen organizado tiene competencia en el ámbito público, y el ciudadano común termina por pagar doble, o perder su patrimonio e incluso la vida.
