El Gobierno del Estado hizo caso omiso al llamado que hace un mes hicieron Consejo Cívico y organizaciones de la sociedad civil para regularizar los recursos comprometidos de 2025 y asegurar los del 2026, de nuevo no los envío.
Las 55 organizaciones del sector se reunieron nuevamente para documentar lo ocurrido, compartir sus experiencias y visibilizar el impacto que esta situación ha tenido en su trabajo y en las comunidades que acompañan.
Durante el encuentro, Tatiana Fraga, Directora de Consejo Cívico presentó una línea del tiempo que da cuenta de los principales acontecimientos alrededor del Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil desde diciembre de 2024. La cronología muestra un proceso marcado por convocatorias suspendidas, recursos anunciados y parcialmente entregados, pagos pendientes, convocatorias de 2026 cuyos resultados no han sido publicados y espacios institucionales de diálogo que dejaron de sesionar con regularidad.
El seguimiento realizado por Consejo Cívico comenzó desde octubre de 2025, cuando se realizaron llamadas a organizaciones para conocer su situación y se identificó que los recursos comprometidos continuaban sin llegar de manera completa. A partir de entonces se realizaron llamados públicos y acciones de seguimiento, incluyendo una rueda de prensa el 4 de agosto, en la que participaron 35 organizaciones, y un desplegado publicado el 13 de agosto, suscrito por 83 organizaciones, cámaras empresariales y universidades.
El pasado 27 de agosto, Consejo Cívico envió un oficio y una carta para invitar formalmente a la subsecretaria Yireth Mendoza Zamora, como representante de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, a participar en este espacio de diálogo con las organizaciones. Tras establecer contacto con su oficina, se informó que existe disposición para reunirse de manera individual con cada organización; sin embargo, la invitación a participar en un espacio de diálogo conjunto con las organizaciones fue rechazada.
Uno de los momentos centrales del encuentro fue el espacio dirigido por Marco Amaya, Presidente de yCo. Centro de Fortalecimiento, destinado a escuchar directamente a las organizaciones, quienes compartieron testimonios y experiencias sobre las dificultades que han enfrentado ante la falta de recursos y la incertidumbre sobre su entrega.
Un ejemplo es el que relató Hugo Ramírez, Director de recaudación de fondos y relaciones públicas en Nuevo Amanecer, que se dedican a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral y sus familias, a través de un modelo de atención integral que impulsa su máximo nivel de autonomía y la inclusión a su entorno en la que comparte que “más allá de lo que represente [en porcentaje de recursos para operación] para cada organización, […] al final del día, es el 30% de darle servicios, en el caso de Nuevo Amanecer, a niños y niñas con parálisis cerebral, que son de Nuevo León, que tienen 48 años que el instituto está atendiendo.” Hugo insistió durante el evento que “Es una exigencia de derechos pero tenemos que pensar en lo colectivo, no podemos permitir que este sea el primer año que donde se quede esta situación en donde gobierno diga ‘pues no, no se va a poder otorgar un derecho’.”
Por otra parte, Carmen Farías, fundadora de Zihuame Mochilla A.C., organización que contribuye al desarrollo de personas y comunidades indígenas, a través de proyectos autogestivos acordes a las necesidades específicas de cada grupo o etnia, que les permitan mejorar sus condiciones de vida, respetando la diversidad y la multiculturalidad característica de México, cuenta que ellas “desde 2003 hemos tenido el apoyo de muchísimas personas, instancias y gobiernos y […] es la primera vez compromiso firmado, trabajo realizado que alguien no cumple su compromiso.” Carmen, insistió en la urgencia de “que tenemos que como organizaciones juntarnos, […] es el colmo que resultados de el año pasado abril y mayo 2025 no se hayan cumplido que ‘porque no hay dinero’. […] Lo peor es callar por miedo, eso es lo que yo invito, a que levantemos la voz, a que exijamos nuestros derechos porque no estamos pidiendo un favor, […] estamos ejerciendo un derecho, un derecho adquirido, un compromiso cumplido, ahora al gobierno le toca cumplir.”
Estos testimonios permiten dimensionar que detrás de los recursos comprometidos no existen únicamente cifras o procesos administrativos, sino programas, proyectos y personas que dependen del trabajo cotidiano de las organizaciones de la sociedad civil porque, en palabras de Mariaurora Mota, directora de Género, Ética y Salud Sexual A.C. (GESSAC), “sí es cierto, tenemos en la ley los derechos pero en la práctica no.”
Como parte del encuentro, se compartieron próximos pasos y recomendaciones para la sociedad civil. A solicitud de la Subsecretaría, Consejo Cívico recopiló la información y testimonios de esta sesión y compartirá una relatoría que permita conocer de manera concreta el panorama planteado por las organizaciones. Asimismo, las autoridades le comunicaron a Consejo Cívico que se abrirá un enlace específico de seguimiento uno a uno, el cual hicieron de conocimiento público durante el evento. De manera paralela, Consejo Cívico solicitará formalmente una audiencia pública, dirigida a la Secretaría de Igualdad e Inclusión y a la Tesorería, como mecanismo de participación ciudadana para dar seguimiento conjunto a los compromisos pendientes.
Consejo Cívico y las 55 organizaciones participantes reiteramos la urgencia de que el Gobierno de Nuevo León concluya la entrega de los recursos comprometidos correspondientes a 2025, publique los resultados de las convocatorias de 2026 y avance en la asignación y entrega de dichos recursos conforme a la legislación y reglas aplicables. Asimismo, se hace un llamado a recuperar los espacios institucionales de diálogo y a establecer condiciones claras que permitan fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil.
Detrás de cada recurso hay personas que dependen de ese trabajo, la sociedad civil ha seguido trabajando, acompañando a sus comunidades y buscando soluciones por las vías institucionales. Ahora corresponde al Gobierno del Estado dar certeza y convertir los compromisos en hechos. Porque mientras la incertidumbre continúa, también continúa la urgencia de que esta situación se resuelva.
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