La población indígena en Nuevo León podría alcanzar los 800 mil personas, de acuerdo al dato del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a lo que el INEGO confirma que tiene censados alrededor de 15o mil adultos, y sin embargo, es una población que nadie ve o nadie quiere ver, por lo que vive marginado
Por Salomé Martínez/ ÉNFASIS Monterrey
En Nuevo León, donde los edificios crecen con la misma velocidad que los parques industriales y el discurso del progreso suele medirse en inversión extranjera y manufactura, existe otra ciudad que pocas veces aparece en las estadísticas oficiales: la de cientos de miles de indígenas que viven, trabajan, construyen y sostienen buena parte de la economía cotidiana, pero cuya existencia continúa siendo casi invisible para las políticas públicas.
Liberio Porfirio Hernández quiere cambiar esa historia.
La migración se ha intensificado, sobre todo de la Huasteca Potosina.
Recientemente, en Veracruz, recibió un nombramiento que, más allá del simbolismo, pretende convertirse en una herramienta política. Fue designado gobernador indígenista de Nuevo León por una organización nacional de autoridades tradicionales integrada por representantes de las 32 entidades del país. No se trata de un cargo dentro de la estructura gubernamental, sino de una representación nacida desde el derecho de libre determinación de los pueblos originarios reconocido por la Constitución mexicana.
“Lo que no existe en Nuevo León es un territorio indígena; lo que sí existe es una población indígena enorme”, repite con la serenidad de quien lleva más de cuatro décadas viviendo en el estado y conoce de memoria una discusión que, asegura, sigue atrapada en conceptos del siglo pasado.
El proyecto de Liberio Porfirio Hernández no es objetivo personal, sino el de miles de personas. Si los huastecos quisieran formar un municipio en Nuevo León, podrían hacerlo sin problemas. Son tantos los migrantes que han llegado de la región huasteca, que superaron ampliamente a todas las etnias que desde hace tiempo se habían establecido en la entidad.
Liberio Porfirio Hernández fue nombrado Gobernador Indígena para Nuevo León.
La migración interna en nuestro país es un fenómeno que tiene más de un siglo, y Monterrey ha sido uno de los principales lugares donde se busca el sueño mexicano de mejorar calidad de vida sin tener que sufrir el exilio en otro país.
Pero en los últimos años ha tomado mucha fuerza, al grado que el 20 por ciento de la población en el estado, tiene raíces foráneas, principalmente indígenas, de acuerdo a datos del INEGI.
Si nos los vemos, es porque se han integrado perfectamente al entorno laboral, algunos se han convertido en empresarios, otros en profesionistas exitosos, y en general, han logrado su propósito, que era vivir mejor que en sus comunidades.
Obviamente, al convertirse en un sector importante de la sociedad, pugnan ahora por el reconocimiento oficial, que los ayude a crecer ahora como comunidad, no sólo en lo individual.
Cifras de una migración
En 2015, un Censo de INEGI determinó que en Nuevo León vivían 352 mil 282 personas que se consideran indígenas, aunque sólo 77 mil 945 de ellas alguna lengua indígena como idioma materno. Sin embargo, esta cifra es casi el doble de la que se registró en el censo del 2010, cuando el número de personas que hablaban en ese entonces alguna lengua indígena era de 40 mil 528, informa INEGI en 2015.
Los indígenas en Nuevo León viven situaciones difíciles por falta de apoyos.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas disiente de esas cifras. Ellos tienen registrados a unos 800 mil personas de 56 diferentes grupos étnicos, tomando en cuenta no sólo el factor de hablante de lengua indígena, sino a todo aquel que proclama su pertenencia a alguna etnia indígena.
Si a mitad del siglo pasado en Nuevo León se establecieron miles de migrantes de Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, principalmente, en este siglo XXI las oleadas llegan principalmente de la zona conocida como Huasteca, que coprende los estados de San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo.
Los municipios neoleoneses que más porcentaje de población indígena presentan son Monterrey, García, General Escobedo, Apodaca, Pesquería, General Zuazua, Santa Catarina, Juárez y Guadalupe, y algunos de estos, se han convertido prácticamente en una colonia huasteca.
Pero los teenek o huastecos no son los únicos. Otros grupos de personas indígenas con mayor presencia en el Estado de Nuevo León son: Nahuas, Otomíes y Zapotecos.
No estamos de paso
Buena parte de la mano de obra que levantó edificios públicos, desarrolló la industria y alimentó el crecimiento urbano de Nuevo León llegó desde la huasteca tamaulipeca. potosina, hidalguense. poblana, veracruzana entre otros estados, Hoy, sus descendientes forman una comunidad profundamente arraigada que, paradójicamente, sigue siendo tratada como si estuviera de paso.
Liberio Hernández, nuevo gobernador indigenista evita hablar de privilegios. Prefiere hacerlo de derechos.
Se necesitan programas sociales especiales para esta población indígena.
Cita el artículo 2 de la Constitución, que reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas, y recuerda que la reciente reforma constitucional los reconoce como sujetos de derecho público. El desafío, afirma, ya no consiste en modificar las leyes, sino en lograr que esas garantías lleguen a las oficinas municipales, a los presupuestos públicos y a las decisiones cotidianas del Gobierno.
Ese será, asegura, el eje de su gestión hasta 2031.
No pretende construir una representación simbólica, sino abrir una interlocución permanente con los poderes públicos para que la diversidad cultural deje de ser un discurso ceremonial y se convierta en una política de Estado.
Como dejan sus comunidades
En San Luis Potosí ese fenómeno preocupa, pues las comunidades pueden quedarse sin talento de jóvenes y sin mano de obra, y los esfuerzos del Gobierno Potosino son para frenar ese éxodo, aseguró recientemente el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Crisógono Sánchez Lara.
Explicó que, por ahora, hay un conteo oficial de 4 mil huastecos que se encuentran en Monterrey, contratados por diversas empresas, pero seguramente el número es mucho mayor.
A diario salen autobuses a a la capital de aquel estado y ya hay particulares que organizan viajes en camionetas para llevar los insumos surgidos de la Zona Huasteca, a los huastecos que viven en territorio regiomontano.
“Estamos haciendo lo necesario para procurar que los y las jóvenes no se vayan. La mayorpia de quienes se van de la Huasteca a Monterrey buscan por lo general plazas de trabajo en la industria, pero frecuentemente no tienen la preparación para desempeñar los cargos”, explicó Sánchez Lara.
Es posible detener la migración, explicó, instalando empresas, pero también aprovechando proyectos de trabajo de los ingenios azucareros u otras empresas propias de la zona, pues quienes se van, en realidad prefieren quedarse, lamentablemente no hay suficientes fuentes de trabajo.
Es una población invisible
La paradoja que describe resulta visible. Mientras el estado presume ser uno de los motores económicos de México, mantiene prácticamente ausente del debate público a una población que ronda las 800 mil personas con credencial de elector. Es una cifra que equivale, dice Liberio, a dos municipios completos del área metropolitana de Monterrey y supera ampliamente la población de varias localidades rurales de la entidad.
Sin embargo, esa presencia demográfica apenas encuentra reflejo en las instituciones.
En buena parte parte se debe a la falta de educación y capacitación que tienen quienes llegan en esa ola migratoria, y que los obliga a asumir empleos poco remunerados, como empleados domésticos, trabajadores de la construcción, mozos.
No existen presupuestos específicos. Tampoco dependencias con capacidad real para atender a las comunidades indígenas urbanas. Cuando algún integrante de los pueblos originarios enfrenta problemas en un hospital, necesita traducción en su idioma o dialecto en un juicio o requiere acompañamiento ante una dependencia pública, son organizaciones civiles y liderazgos comunitarios quienes terminan ocupando el lugar que el Estado ha dejado vacío.
Hernández conoce bien esa realidad. Además de su reciente nombramiento, preside el Consejo Indígena de Nuevo León y ocupa una regiduría en el municipio de García. Desde esos espacios ha observado cómo la atención institucional depende con demasiada frecuencia de la voluntad política de cada administración.
Por eso su primera propuesta no consiste en solicitar apoyos extraordinarios. Habla, más bien, de presupuesto.
Plantea que el Congreso de Nuevo León obligue a los municipios a destinar recursos etiquetados para atender a la población indígena de acuerdo con el porcentaje que representa dentro de cada localidad. La intención es romper con un modelo donde los programas para estas comunidades aparecen y desaparecen al ritmo de los cambios de gobierno.
“No queremos que ayudar a los indígenas sea una decisión discrecional. Queremos que sea una obligación del Estado”, resume.
La propuesta va más allá del asistencialismo. Hernández imagina proyectos productivos diseñados por las propias comunidades, mecanismos de organización local y una red de Casas Indígenas en cada municipio para ofrecer asesoría, representación y acompañamiento.
Su diagnóstico también alcanza un terreno menos visible: el de los prejuicios.
A su juicio, Nuevo León sigue confundiendo la ausencia de pueblos originarios con la inexistencia de población indígena. Esa idea, sostiene, ha convertido en “migrantes permanentes” a familias que llevan décadas viviendo en el estado, cuyos hijos nacieron en Monterrey, García, Escobedo o Pesquería y cuya identidad continúa siendo observada como algo ajeno.
“No somos visitantes temporales. Somos parte de Nuevo León”, insiste.
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