- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) advierte sobre una “impunidad casi absoluta” y la complicidad de agentes estatales con el crimen organizado. El Gobierno de México rechaza la postura por considerarla “tendenciosa”.
CIUDAD DE MÉXICO. — En un movimiento diplomático sin precedentes, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado formalmente a la Asamblea General de la ONU intervenir en la crisis que atraviesa México. Tras analizar una década de reportes, el organismo concluyó que existen indicios fundados de que en el país se han cometido y se mantienen las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
La resolución no busca señalar responsabilidades penales individuales, sino activar un mecanismo de cooperación técnica y financiera internacional urgente para reforzar las labores de búsqueda y los servicios forenses en territorio mexicano.
Un sistema de complicidad e impunidad
El dictamen del CED aclara que, si bien no se hallaron pruebas de una política federal deliberada para desaparecer personas, sí se documentaron patrones donde el crimen organizado opera con la participación, apoyo o consentimiento de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
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Zonas críticas: El informe cita casos en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, donde fuerzas de seguridad entregaron detenidos a cárteles o utilizaron instalaciones oficiales para cometer crímenes.
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El factor impunidad: Para la ONU, la falta de castigo casi total es el principal motor que permite la reproducción de estas atrocidades.
Cifras de la crisis en México
La magnitud del problema se refleja en los datos aportados por organizaciones civiles que respaldan la intervención internacional:
| Categoría | Cifra reportada |
| Personas desaparecidas | Más de 132,400 |
| Fosas clandestinas localizadas | Más de 4,500 |
| Restos humanos sin identificar | Cerca de 72,000 |
Reacción oficial: El Gobierno tacha de “tendencioso” el informe
La respuesta del Estado mexicano no se hizo esperar. A través de un comunicado, el Gobierno federal expresó un enérgico rechazo a la resolución, calificándola de carente de rigor jurídico.
Según el posicionamiento oficial, el Comité de la ONU omite los “avances institucionales logrados desde 2019” y presenta una visión sesgada de la situación actual. Por el contrario, colectivos de familiares de víctimas condenaron la postura oficial y exigieron que el Estado reconozca la dimensión de la tragedia y acepte la ayuda externa para enfrentar la crisis forense que colapsa al país.
“Se necesitan medidas urgentes de prevención, investigación y castigo para erradicar este crimen”, sentenció el Comité en su llamado al secretario general de la ONU, António Guterres.
