Por Francisco Zúñiga Esquivel
Se nos ha vuelta tan común ver todo tipo de crímenes, que perdemos el sentido social que debe despertarnos para evitar que situaciones como esa se repitan.
Hace unos días, una niña de dos años y 8 meses, Cintya Geraldine, murió víctima de las lesiones sufridas por los golpes que le propinó su padrastro, con anuencia de su mamá. La autopsia reveló que hubo abuso, y la Fiscalía decidió que fue el mismo progenitor sustituto el que lo cometió.
Un crimen lamentable, que no tendrá jamás el suficiente castigo.
Pero lo preocupante es que no hemos escuchado ninguna intención del aparato estatal para agilizar los procedimientos de protección que urgen en nuestra sociedad para evitar estos crímenes.
El DIF ya tenía una denuncia por maltrato a la menor, pero cuando fueron a buscarlos, nadie les abrió y se retiraron, sin comprobar nada. No volvieron.
Los niños no tienen protección contra sus mayores, y menos en la intimidad del hogar. Hemos visto historias donde pasaron años, décadas, hasta que se descubrió el abuso. Y en otras, nunca se castigó, pero causó daños emocionales tan severos en las víctimas, que éstas terminaron suicidándose o delinquiendo, en una traumática venganza contra alguien que tampoco lo merecía.
Si el personal del DIF, no se si del Estado o municipal, hubiera regresado, quizá Cintya Geraldine estuviera viva. No lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que una denuncia no sirve de nada. Cuántas mujeres denuncian a sus maridos, y los policías les dicen: ¿Tiene lesiones? No, entonces no podemos hacer nada.
Es decir, espérese a que la medio mate y entonces sí, actuaremos con todo el peso de la ley.
Mujeres y niños viven una situación similar. La ayuda llega demasiado tarde.
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