- La belleza de las montañas de Nuevo León no sólo ha inspirado suspiros en sus visitantes, también leyes para protegerlas, que, lamentablemente, poco se han cumplido a cabalidad, pues el poder económico ha pasado por encima de las buenas intenciones, y entre la explotación de los recursos y la ambición inmobiliaria, han arrasado con enormes superficies.
La Sierra de Picachos es un área natural protegida, pero no ha impedido que se instalen las pedreras.
No es tan simple como crear polvo. Los ambientalistas no se han cansado de denunciar que esto causa daños a los mantos freáticos, ha contribuido enormemente a que desde hace 15 años tengamos la peor contaminación del país, y se ha causado un perjuicio irreversible a la ecología, lo que redunda en acabar con el hábitat de especies protegidas, como el ocelote, el oso negro y otros.
La sierra de Picachos, el Cerro de la Silla, La Huasteca, son las zonas más afectadas, aunque existe depredación prácticamente por toda la entidad.
La Sierra de Picachos
El daño lo provocan las empresas. Las operaciones de la empresa Pedrera Matrimar, en la Sierra de Picachos, comprometen peligrosamente la biodiversidad de la zona, principalmente los escurrimientos y mantos acuíferos que abastecen de agua a Monterrey y la región metropolitana, además de a varias especies de animales en peligro de extinción.
Lamentablemente no existe una acción efectiva por parte de la autoridad, denunciaron diversas asociaciones civiles, entre ellas Piensa Verde NL, activistas independientes y personalidades comprometidas con la protección del medio ambiente en Nuevo León.
Los activistas exigieron la clausura inmediata y definitiva de las actividades de la empresa Matrimar, S.A. de C.V., debido a las violaciones ambientales graves y documentadas que comprometen irreversiblemente la Reserva Estatal Sierra Picachos.
La empresa Matrimar ha sido clausurada en varias ocasiones.
“Estamos haciendo nosotros un frente exigiendo el cierre inmediato de la pedrera Matrimar. Hemos detectado las múltiples y reiteradas violaciones de esta empresa al medio ambiente, a un área natural protegida. Ellos tienen permiso para explotar cierta área únicamente y ahorita ya están invadiendo parte de nuestros espacios de reserva natural”, dijo José Múzquiz, integrante del colectivo Piensa Verde NL.
Hasta ahora, lo único que han logrado es una promesa de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) evalúe el impacto ambiental, para determinar si existen alteraciones al escurrimiento natural y los mantos acuíferos que sustentan a la zona metropolitana de Monterrey, anunció Eduardo Obregón Williamson, director de Agua y Drenaje de Monterrey, al aclarar que su organismo solo actúa como un usuario más de los recursos hídricos.
En el corazón del noreste mexicano, la Sierra Picachos se erige no solo como un bastión de biodiversidad, sino como el escenario de una colisión frontal entre la voracidad industrial y la preservación ecosistémica. Con una extensión de 75,850 hectáreas, esta reserva —considerada la mayor área protegida de México por su riqueza biológica— enfrenta hoy una amenaza que especialistas y defensores legales califican de “ecocidio” institucionalizado.
Se extiende principalmente por los municipios de Higueras, Agualeguas, Cerralvo, Doctor González, Marín, Sabinas Hidalgo, Pesquería y General Bravo.
De ahí se extrae aproximadamente el ocho por ciento del agua que abastece al Área Metropolitana de Monterrey, explicó el ambientalista Raúl Rubio, “además de ser hábitat de especies como el oso negro, el ocelote y el águila real”.
Hasta ahora, la empresa ha ganado todos los amparos, y logra reiniciar actividades.
Sin importar las restricciones legales, MATRIMAR excedió de manera significativa la superficie autorizada en su Manifestación de Impacto Ambiental de 2019, afectando un total de 2 millones 037 mil 820 metros cua drados, es decir, 393 mil 821 adicionales a lo permitido, aseveró Rubio, quien ha sido uno de los cronistas más constantes de los daños que han causado las pedreras en la Sierra Picachos. Como periodista ha documentado no solo el daño ambiental, sino también las redes de poder político y empresarial que permiten la explotación de estas áreas naturales protegidas.
El modelo de operación de las pedreras en la región revela una estructura de subordinación comercial: Matrimar, al igual que gran parte de las 64 plantas extractivas de la zona, suministra materia prima al gigante cementero Cemex. Las inspecciones de campo en la sierra evidencian una geografía lacerada: brechas kilométricas y desmontes ilegales que interrumpen los ciclos de vida de matorrales y especies endémicas.
La magnitud de la pérdida es incalculable. La sierra es refugio de 30,000 especies, incluyendo ejemplares de oso negro, pumas, águilas reales y la mariposa monarca. Su flora, que abarca desde encinares hasta complejos ecosistemas de cactáceas, actúa como un “escudo climático” vital para el Área Metropolitana de Monterrey.
La crítica de los defensores ambientales apunta directamente a una “complicidad estructural” entre los tres niveles de gobierno. Aseguran que, a diferencia de naciones como Canadá o Estados Unidos, donde la protección de sistemas montañosos cuenta con cuerpos de seguridad especializados y leyes rigurosas, en México la fragilidad del Artículo 27 constitucional facilita el desplazamiento de comunidades y la degradación de reservas protegidas.
En la Sierra de Picachos se ha constatado la eliminación ilegal de cobertura vegetal en terrenos forestales fuera de los polígonos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2018. “Estas acciones representan una amenaza seria y sostenida a un patrimonio natural esencial, que proporciona servicios ambientales críticos —como la recarga de acuíferos, la purificación del aire y el mantenimiento del equilibrio ecológico— para millones de habitantes de Monterrey y Nuevo León”, dijo Flor Jiménez, de Piensa Verde.
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