La libertad de prensa en México atraviesa uno de sus episodios más oscuros. En lo que va de 2026, la violencia sistemática contra comunicadores no solo expone la vulnerabilidad de quienes ejercen la profesión, sino también la ineficacia de los mecanismos de protección estatal y la prevalencia de una impunidad casi absoluta.
Siete periodistas han sido asesinados en lo que va del año, y a pesar de las demandas de comunicadores, organismos internacionales, la Fiscalía de los Estados no resuelve, y sigue líneas de investigación que a nadie satisfacen
Las víctimas han denunciado hostigamiento, pero de nada sirvió. Nadie los escuchó
El pasado 22 de julio, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a balazos mientras desayunaba en un puesto callejero, en la localidad de San Pablo Etla, unos 30 minutos al norte de la ciudad de Oaxaca, la capital del estado del mismo nombre, en el sur de México.
Dos personas a bordo de una motocicleta se le acercaron y accionaron un arma por la espalda, sin siquiera darle oportunidad a verlos. Leyva fue declarado muerto en el lugar por los servicios forenses.
Este fue el último de una serie de asesinatos registrados en este año, uno por mes. Antes de él, el 16 de julio, fue ejecutado Josué Martínez Contreras, de 39 años, en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, una localidad del municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla. El mismo procedimiento, dos hombres en motocicleta que llegaron para matarlo a tiros, frente a Su hijo, de 13. Los tiros fueron muy certeros.
Conocido como “El Jaguar”, Martínez Contreras era director del medio de comunicación ‘Noticias de San Martín Texmelucan’, operaba en los frentes más vitales de su comunidad: la educación, el derecho, el activismo y la información.
La lista la completan Manuel Alejandro Moreno Serna, quien cayó víctima de las balas el 3 de julio, en Zihuatanejo, Guerrero; la periodista de Veracruz Roxana Berenice Guzmán, fue secuestrada en su casa el 2 de junio, y semanas después fue encontrado su cuerpo; Luis Ángel López Valdez, asesinado el 11 de junio en Poza Rica, también en Veracruz; el de Juan David Gámez, asesinado en Nuevo León en marzo, y el de Carlos Castro, muerto el 8 de enero, también en Poza Rica.
Videos probatorios
Por lo menos dos casos quedaron documentados.
Josué Martínez Contreras publicó en sus redes sociales un video en el mes de noviembre de 2025, donde muestra el hostigamiento de autoridades locales. En la grabación informa que tras denunciar tomas clandestinas de agua potable y falta de transparencia del dinero recaudado por ese servicio, llegaron a su casa el presidente municipal y personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para acusarlo de no pagar varios recibo de agua.
Aunque demostró que sí había hecho el pago, lo multaron con seis mil pesos. “El meollo de todo este asunto es que no los dejamos hacer un negocio jugoso para llevarse al agua […] Lo que quieren es quitarme, hacerme a un lado”, dice.
Tras cinco minutos de grabación, Martínez Contreras termina con la frase: “Recuerden que más vale morir con la fuerza del pueblo a morir de rodillas. Eso se los digo, vamos a luchar por nuestro pueblo y por nuestro municipio”.
Otro delito documentado es el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, una página de Facebook que gestionaba desde Nanchital, en el sureste de Veracruz, donde vivía con su familia.
Con su teléfono celular, grabó los momentos en que varios hombres armados, vestidos de negro y encapuchados, destrozan la puerta de casa, penetran y los amagan con armas largas, para llevársela con lujo de violencia.
Sus restos fueron hallados, a finales de junio, en un rancho de Moloacán, unos 30 kilómetros de distancia de su hogar. Al menos en este caso, hay ocho detenidos, cuatro de ellos policías municipales del municipio de Ixhuatlán del Sureste.
Continua
https://enfasismonterrey.com/muerte-a-la-verdad-2-asesinatos-de-periodistas-son-la-impunidad-total/
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