Para la organización Reporteros Sin Fronteras (RFS), estos crímenes dan un mensaje irrefutable: Impunidad total. Así lo señala en los cuestionamientos que hicieron al Gobierno de México.
“Siete periodistas asesinados en poco más de seis meses son la evidencia de un fracaso grave y sostenido del Estado mexicano. Entre las víctimas hay periodistas que habían denunciado amenazas, así como otros que contaban con mecanismos de protección o medidas de vigilancia. Abrir una investigación después de cada asesinato no ha servido para proteger vidas, no ha puesto fin a la violencia y ya no puede seguir siendo la única respuesta. El gobierno mexicano debe asumir su responsabilidad política, explicar las fallas registradas en cada caso y presentar un plan nacional de emergencia, declaró Artur Romeu, director RSF América Latina.
Días antes, habían pedido: “El Gobierno mexicano debe rendir cuentas por las fallas en materia de prevención y protección que han permitido la repetición de estos crímenes y presentar medidas concretas para impedir que estos asesinatos sigan ocurriendo”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó enérgicamente los asesinatos, y tras dos homicidios de periodistas cometidos en una semana, reclamó a las autoridades acciones urgentes y efectivas para frenar la violencia contra la prensa.
“Este asesinato confirma, una vez más, el clima de extrema vulnerabilidad en el que ejercen su labor los periodistas en México. No se puede permitir que la violencia siga silenciando voces críticas. Exhortamos a las autoridades actuar con celeridad y firmeza para evitar que este crimen quede impune”, expresó Pierre Manigault, presidente de la SIP y titular del grupo Evening Post Publishing Inc., en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.
Al igual que Artículo 19, enfatizaron en la impunidad que rodea los casos. “La reiteración de estos hechos violentos refleja la grave crisis de seguridad y de impunidad que enfrenta el periodismo en México.”, señaló por su parte Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM.
Dos asesinatos en una semana, recalcó la SIP, evidencian un un patrón alarmante de violencia contra la prensa en el país, que sigue figurando entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y alertó que la persistente impunidad en los crímenes contra periodistas no solo priva de justicia a las víctimas y sus familias, sino que también alimenta la repetición de estos ataques al enviar un mensaje de permisividad frente a la violencia contra la prensa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México esclarecer los asesinatos y urgió a la presidenta Claudia Sheinbaum para que garantice medidas urgentes y efectivas para proteger a quienes ejercen el periodismo y prevenir nuevos ataques.
“Resulta especialmente preocupante que las víctimas hubieran denunciado previamente amenazas, sin que se tenga conocimiento de investigaciones al respecto y evidenciándose, por el contrario, deficiencias en la adopción de medidas adecuadas y efectivas para prevenir su consumación”, declaró la CIDH.
Otra reacción fue de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que declaró “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Para esta organización, la violencia que sufren los periodistas es la forma más extrema de censura y tiene un triple efecto: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y viola los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
(Continua)
Leave a Reply