- Además de ampliar sus operaciones en áreas adicionales a lo permitido, su actividad afecta los mantos freáticos que surten agua al Área Metropolitana y pone en peligro a varias especies de fauna en peligro de extinción
Las operaciones de la empresa Pedrera Matrimar, en la Sierra de Picachos, comprometen peligrosamente la biodiversidad de la zona, principalmente los escurrimientos y mantos acuíferos que abastecen de agua a Monterrey y la región metropolitana, además de a varias especies de animales en peligro de extinción, y exigieron a las autoridades una respuesta rápida y decisiva: clausura inmediata, investigación exhaustiva y sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.
Lamentablemente no existe una acción efectiva por parte de la autoridad, denunciaron diversas asociaciones civiles, entre ellas Piensa Verde NL, activistas independientes y personalidades comprometidas con la protección del medio ambiente en Nuevo León.
Los activistas exigieron la clausura inmediata y definitiva de las actividades de la empresa Matrimar, S.A. de C.V., debido a las violaciones ambientales graves y documentadas que comprometen irreversiblemente la Reserva Estatal Sierra Picachos.
En una rueda de prensa solicitaron la intervención urgente y total de las autoridades competentes:
*Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León
*Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
*Comisión Nacional del Agua (Conagua)
José Múzquiz, de Piensa Verde.
“Demandamos el inicio inmediato de un procedimiento administrativo sancionador con multas ejemplares, la revocación total de permisos vigentes y la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos ambientales, incluyendo el derribo ilegal de arbolado forestal y la afectación directa a un Área Natural Protegida”, expresó José Múzquiz, de Piensa Verde.
La Diputada Federal Petrita Romero los acompañó y expuso que recientemente presentó un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión pida al Gobierno del Estado de Nuevo León intervenga para evitar los daños al biosistema, fortaleciendo las acciones de protección ambiental en la Sierra de Picachos, mediante el incremento de operativos de inspección, vigilancia y monitoreo en la zona, y que exiga el cumplimiento de la normatividad ambiental y realice una “evaluación integral de los impactos ambientales generados por la empresa Materiales Triturados Martnez, S.A. de C.V. (MATRIMAR), a fin de determinar posibles responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes”.
Los activistas, por su parte, advirtieron que los hechos documentados son alarmantes y de extrema gravedad:
- Matrimar excedió de manera significativa la superficie autorizada en su Manifestación de Impacto Ambiental de 2019, afectando un total de 2,037,820 m² —es decir, 393,821 m² adicionales a lo permitido.
- Se registraron impactos directos dentro del Área Natural Protegida, con extracción de material y depósito de residuos en al menos 3,200 m² adicionales.
Estas operaciones están comprometiendo gravemente los escurrimientos y mantos acuíferos que abastecen de agua a Monterrey y la región metropolitana y amenazan de forma directa la biodiversidad de la zona, incluyendo especies en riesgo de extinción como el oso negro, el ocelote y el águila real, protegidas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Dijeronque se ha constatado la eliminación ilegal de cobertura vegetal en terrenos forestales fuera de los polígonos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2018.
Flor Jiménez, de Piensa Verde.
“Estas acciones representan una amenaza seria y sostenida a un patrimonio natural esencial, que proporciona servicios ambientales críticos —como la recarga de acuíferos, la purificación del aire y el mantenimiento del equilibrio ecológico— para millones de habitantes de Monterrey y Nuevo León”, dijo por su parte, Flor Jiménez, de Piensa Verde.
“Defender la Sierra Picachos significa preservar los ecosistemas naturales y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido expresamente en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. No es posible permitir que intereses privados continúen generando daños de esta magnitud sin consecuencias inmediatas”, dijo por su parte Lucas Mati, de Alza tu Voz Nuevo León.
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