Segunda Parte
En México, la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más rentables para los grupos criminales y más devastadores para la sociedad. Con una cifra negra superior al 99%, este crimen suele quedar impune, mientras las víctimas enfrentan miedo, pérdidas económicas y amenazas constantes.
Los negocios pequeños pagan poco, pero el número que existe de ellos, suma grandes cantidades de dinero.
Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte que la falta de estrategias efectivas ha permitido que este delito prolifere, especialmente en su modalidad telefónica y cibernética, donde el riesgo para el delincuente es mínimo y las ganancias son altas. En su forma presencial, el cobro de piso genera ingresos millonarios para las organizaciones criminales.
“Hay un sinfín de casos, incluso de personas académicamente preparadas o que se dedican a temas legales y económicos donde han caído víctimas de engaño porque también se han sofisticado los sistemas para el engaño; entonces, el motivo por el cual crece es porque es un negocio extremadamente rentable, y si hablamos de extorsión presencial es todavía más redituable, porque los ingresos son enormes y el combate es incipiente”, precisa Rivas.
Podría pensarse que las entidades como Nuevo León o Estado de México son blanco preferido de los extorsionadores y por eso hay más denuncias, pero en realidad, aunque tienen mayor podería económico, están en el top porque la gente tiene valor de denunciar, dice el directivo.
Hay estados, como Guerrero, que reportan muy bajos números dice Rivas y sin embargo muy seguramente es el estado que más sufre el problema de extorsión a transportistas y vendedores, es decir, desde abarroteros, en los mercados, hasta productores y distribuidores.
“Realmente es una entidad en donde la extorsión está extremadamente distribuida en su territorio y en el tipo de actividades comerciales”, y explica que a cada negocio pequeño pueden estarle cobrando 30 pesos diarios, o 150 pesos semanales a vendedores ambulantes. Si se suma la cantidad de víctimas, las cifras son grandísimas.
Armando Rodríguez Luna, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), y especialista en seguridad e inteligencia, coincide en que existe una alta cifra negra debido al miedo a denunciar, peor también porque las víctimas saben que autoridades locales están en complicidad con los delincuentes.
Perseguidos por las autoridades federales por el trasiego de drogas, el tráfico de armas o de huachicol, algunas células criminales optan por algo más seguro y sin riesgos, y entran en el cobro de piso a mayor escala, como en Michoacán, contra los aguacateros y limoneros, explica Daniel Vasquez, investigador en ciencias policiales..
En estados como Guerrero o Michoacán, las cuotas de cobro de piso oscilan desde 200 pesos a la semana en un negocio pequeño o 30 pesos diarios a un puesto ambulante.
Los productores de aguacate pagan cuota para que su producto pueda llegar a su destino.
En empresas grandes, el tratamiento es distinto. Si mueve mercancía en camiones propios, quizá tenga que pagar 150 mil pesos para que no le roben la unidad.
“Por ejemplo, los criminales ofrecen que el camión no va a ser robado a cambio de 50 mil pesos… Estamos hablando de un tráiler que trae dos millones de pesos en mercancía. Precisamente como eso lo contabilizan los delincuentes, exigen este tipo de cuotas”, externa el investigador.
“Es una actividad criminal que se ha extendido. Participan autoridades locales, la gente no denuncia, la actividad delictiva se mueve muy fácil de un territorio a otro y de un sector económico a otro”.
Esta actividad tiene un impacto muy alto en la economía y en la vida diaria de las personas.
“Por ejemplo, las extorsiones a operadores de transporte de carga, empresas extractivas, pequeños negocios como tiendas de conveniencia, tortillerías, mercados fijos e incluso puestos en mercados sobre ruedas ponen en riesgo la vida de personas… En suma, es la actividad más predatoria socialmente”, precisa.
Un negro panorama
El problema es complejo, advierte David Saucedo, especialista en seguridad, pues el marco legal actual está desfasado, y como la extorsión tiene una amplia diversidad y sofisticación, no responde a las necesidades para castigar las formas que adopta este delito.
Para empezar, no existe una policía ni una fiscalía especializada en extorsión, ni una infraestructura institucional que se enfoque en enfrentar el problema a nivel nacional.
Y mientras, afirma, la mayoría de las víctimas siguen enfrentando solas las amenazas, los pagos forzados y el silencio.
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