- Los mexicanos están cansados de ser víctimas del Crimen Organizado, que los extorsiona, roba, secuestra, sin que el Gobierno Fedeeral encuentra la fórmula para acabar con el flagelo.
Por Alfonso Martí
México se ha convertido en un polvorín, a punto de explotar, por la desesperación, angustia, cansancio, de millones de personas ante el avance del Crimen Organizado, que impone la ley del terror a propios y extraños, para mantener su control sobre la sociedad y la economía.
Los asesinatos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en Michoacán, evidenciaron la influencia que tienen las organizaciones criminales sobre todos los sectores, porque se han convertido en un estado alterno que brinda seguridad, aunque a un alto costo, cobra impuestos, e impone leyes y sentencias.
Pero, principalmente, dejó en claro que existe una inoperancia del Gobierno Federal, que durante cuatro sexenios ha sido incapaz de contener la violencia y el avance del crimen organizado en Michoacán, y, en general, en todo el país.
Carlos Manzo había pedido apoyo a la Presidenta Claudia Scheinbaum para contener a la delincuencia organizada, pero no hubo respuesta. Bernardo Bravo era un denunciante muy activo del asedio criminal a la industria en el suroeste mexicano.
Aunado a esto, surgió el clamor de los transportistas de carga, que durante algunos días bloquearon carreteras en diversas partes del país, para exigir al Gobierno que ataque la inseguridad que les cuesta millones de pesos diarios por los asaltos y secuestros que sufren unidades y choferes por todos lados.
Bloomberg Businessweek México realizó una investigación para un reportaje, donde encontró que se comete un intento de robo cada 50 minutos en las vías federales mexicanas.
Durante el 2024 se recibieron 24 mil denuncias por robos o asaltos en carreteras, 16 por ciento más que el año anterior, en seis entidades claves para la industria y el comercio nacional, como lo son Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz, de acuerdo a datos de la consultora de riesgo en transporte Overhaul.
Se roba de todo, desde leche en polvo para bebés hasta tequila de exportación, que luego se vende en el mercado negro. Hay bandas que estudian la logística de las empresas y hasta infiltran gente en los almacenes para saber qué camión vale más la pena asaltar.
La buena noticia que pregona la administración de Scheinbaum es que la estrategia de seguridad ha reducido los homicidios, principal referente de la violencia que se vive, pues bajaron en un 37%, y se logró la aprehensión de casi 40,000 personas por delitos de alto impacto. Además, se destruyeron 1.500 laboratorios de producción de drogas ilegales.
Desgraciadamente, las desapariciones aumentaron casi un 13%, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues en promedio, todos los días se reportan 41 personas desaparecidas.
Los asesinatos de líderes sociales pueden ser represalia del Crimen Organizado ante esas acciones, señaló Carlos Pérez Ricarto, analista político experto en seguridad. “El caso de Manzo recuerda las desigualdades regionales que hay, porque mientras aparentemente todo va para mejor a nivel general, en algunas regiones específicas la violencia no cede”.
Tanto él, como Bernardo Bravo habían tomado notoriedad por la valentía con que enfrentaron la delincuencia, pese a la falta de apoyo institucional. “Que su liderazgo (de Carlos Manzo) tuviera fortaleza popular, que el crimen ocurriera en la Noche de las Velas (del Día de Muertos) y hubiera prensa, que su Movimiento del Sombrero tuviera resonancia nacional y que su esposa, Grecia Quiroz, lo haya sustituido en la alcaldía y suene para la gobernación, te muestra que, en realidad, esta historia está aún por escribirse”, dice Pérez Ricarto. El símbolo de Manzo apenas nace, afirmó.
Violencia vs violencia
En la década de los 80´s los líderes criminales como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, tenían un poder relativo, muy local, y principalmente sobre el control de trasiego de droga, principalmente mariguana.
En la actualidad, organizaciones como el Cartel Jalisco Nuevo Generación, la Familia Michoacana, el Cartel del Golfo tienen presencia internacional, pero sobre todo, han ampliado la gama de sus negocios. El tráfico de droga es apenas una pequeña parte de la organización criminal, que maneja el tráfico de personas, secuestros, cobros de piso, extorsiones a productores. Toda la economía paga una cuota para seguir trabajando.
Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISAN-UNAM), destaca que en los últimos 25 años, los Gobiernos Federales no han podido detener el avance del crimen organizado, y las cuatro estrategias de seguridad diferentes implementadas, han sido “sin éxito”.
Recordó que Vicente Fox apostó por la joven Policía Federal Preventiva, lo que permitió a los cárteles del narcotráfico “fortalecerse de forma silenciosa”, dice el académico.
Con la Guerra del Narco, iniciada por Felipe Calderón, la tasa de homicidios aumentó rápidamente. “Empezaron dos guerras, afectando mucho la seguridad pública. La guerra entre los cárteles y la guerra del Estado mexicano, principalmente las fuerzas militares, contra los cárteles”, prosigue el Dr. Benítez Manaut.
Enrique Peña Nieto moderó la respuesta militar del Estado, pero de nada sirvió, y con la estrategia de “abrazos, no balazos”, de Andrés Manuel López Obrador, los cárteles tomaron el poder en grandes territorios nacionales.
Con Claudia Sheinbaum, dijo el analista, “se ha vuelto a militarizar y endurecer la lucha contra las organizaciones criminales”, aunque hay que reconocer la influencia de las presiones del Gobierno estadounidense, agrega el investigador del CISAN.
En esto, las policías locales están literalmente desarmadas ante el crimen organizado. “Las únicas instituciones capaces de garantizar en grado variable la ejecución de las políticas de seguridad han sido las fuerzas armadas”, apunta señala Paloma Mendoza Cortés, del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México (CESIG-ITAM).
Aunque las instituciones civiles deberían frenar al crimen en su germinación, no lo han logrado por “la corrupción, la vulnerabilidad de ser cooptados por el crimen organizado, la falta de actualización del adiestramiento y capacitación, la falta de liderazgo, la incompetencia de los altos mandos, así como el cambio constante de identidad y cultura organizacional”.
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