Ciudad de México, enero 2026.- Aunque la jurisprudencia federal ya declara inconstitucional penalizar el aborto, el derecho a una interrupción legal del embarazo (ILE) aún no se traduce en acceso real y equitativo en todos los estados.[1]
Precisamente el mes pasado la SCJN (SCJN) invalidó diversas normas que criminalizaban y condicionaban la interrupción del embarazo en Tlaxcala, así como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con lo cual se oficializó la despenalización del aborto en la entidad. Hasta el momento no está el documento en el diario oficial, pero es una realidad.[2]
Esta es una buena noticia, declara Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativa de Telefem, pero no hay que bajar la guardia, ya que aún se requiere armonización legislativa y protocolos claros en todas las entidades.
“Son tres los pilares fundamentales para que sea efectiva una ILE en los estados, 1) infraestructura y personal capacitado, ya que falta personal médico entrenado, insumos suficientes y servicios accesibles en zonas rurales o geográficamente menos accesibles. 2) Difusión de información confiable basada en evidencia, persiste desinformación y desconocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos, incluso déficit en la educación integral de la sexualidad, laica y de calidad y procedimientos seguros o reconocer el estándar de oro. 3) Perspectiva de género y derechos humanos, es importante combatir estigma y prejuicios institucionales, sociales y culturales que obstaculizan el acceso”, detalla Rivera Núñez.
Para que la interrupción legal del embarazo (ILE) sea una realidad efectiva, y no solo un principio normativo, es necesario atender una serie de factores estructurales, educativos y sanitarios, conforme a estándares internacionales de salud y derechos reproductivos.
Por ejemplo, garantizar una educación integral de la sexualidad desde temprana edad y brindar información confiable sobre regulación de la fertilidad, métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos.
La UNFPA destaca que asegurar el acceso a una amplia gama de anticonceptivos modernos y ofrecer consejería de planificación familiar contribuye a prevenir embarazos no planeados y reducir la necesidad de recurrir a abortos.[3]
En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que proporcionar información veraz y eliminar barreras normativas innecesarias es clave para prevenir abortos inseguros.[4]
Además, contar con acceso garantizado a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles, preferiblemente modernos y de larga duración, permite que las personas decidan libremente si y cuándo quieren gestar. Esto reduce la incidencia de embarazos no planeados y, por ende, la demanda de abortos inseguros.[5]
Muchas personas enfrentan desigualdades socioeconómicas, marginación, violencia, discriminación o desventajas educativas, lo que limita su acceso a servicios de salud reproductiva, para garantizar un acceso equitativo, las políticas deben considerar estas determinantes sociales de la salud y garantizar que la ILE esté disponible y sea accesible para todas, sin importar su contexto. Este enfoque está en línea con el enfoque de derechos sexuales y reproductivos impulsado desde la salud pública.[6]
“La evidencia internacional muestra que una combinación de educación integral de la sexualidad, acceso garantizado a anticonceptivos modernos, eliminación del estigma y atención a las desigualdades estructurales reduce significativamente la incidencia de abortos inseguros, protege la salud física y mental de las personas gestantes y contribuye a una sociedad más equitativa. Elementos que debe tomar en cuenta la jurisprudencia en los estados”, explica Paula Rita.
