- Las autoridades hacen oídos sordos, y argumentan que los motivos de los crímenes son distintos. Rocío Nhale, morenista gobernadora de Veracruz, donde fueron asesinados Carlos Castro y Luis Ángel López Valdés, insiste, cada vez que declara al respecto, que sus muertes no tienen que ver con la labor informativa de las víctimas.
“Independientemente de la profesión que ejerza, las investigaciones las están haciendo las fiscalías; las líneas de investigación son varias líneas de investigación que ya lo dio a conocer la fiscal del Estado y no es por su trabajo periodístico propiamente; aquí en mi Gobierno hay absoluta libertad de expresión, absoluta”, aseguró el pasado 15 de junio, en una conferencia en donde se refirió a los periodistas asesinados como “el señor de Poza Rica” o “la señora de Nanchital”.
Tampoco la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado interés particular. Cada vez que en las conferencias mañaneras le cuestionan sobre algún asesinato, se limita a instruir a su gabinete para que los casos sean atendidos. “
Curiosamente, son estados gobernados por Morena donde han ocurrido casi todos los asesinatos de periodistas.
Veracruz registra tres casos. Carlos Leonardo Ramírez Castro, Roxana Berenice Guzmán Ramírez y Luis Ángel López Valdés.
Oaxaca reporta un caso, el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Su gobernador, es Salomón Jara Cruz.
Puebla, donde el titular del Ejecutivo es Alejandro Armenta, registra un asesinato, de Josué Martínez Contreras.
Guerrero, tiene otro caso, el de Manuel Alejandro Moreno Serna. Es gobernado por Evelyn Salgado.
Nuevo León es eL único estado no morenista donde ocurrió un asesinato de periodista, en este csao de Juan David Gámez, pues el gobernador Samuel García es de Movimiento Ciudadano.
Pero la geografía es mucho más amplia al analizar el mapa de las agresiones, pues la mayoría no culmina en asesinatos.
Casos documentados de ataques no mortales hay en muchos lados.
- Sinaloa:César Millán Lafarga, director de Grupo Adiscusión, sufrió un ataque a balazos contra su domicilio en Culiacán. En la misma entidad, Juan Manuel Partida Valdez denunció amenazas de muerte y campañas de estigmatización tras publicar reportajes sobre presunto nepotismo en la administración estatal.
- Oaxaca y Chiapas:Óscar Merino Ruiz (OM Noticias) sobrevivió a un atentado a tiros en Santiago Pinotepa Nacional, mientras que en Cintalapa, Marcos Ramos (Real Cintalapa) fue atacado a balazos. Según informes de Artículo 19, Ramos y otros comunicadores de la región han recurrido a la autocensura deliberada como único mecanismo de supervivencia.
- Tamaulipas:Reporteros del medio Elefante Blanco fueron amedrentados por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes les despojaron de material fotográfico tras documentar un derrame de hidrocarburos en el río Pánuco.
- Coahuila:El periodista independiente Ángel Maldonado enfrentó un intento de allanamiento en su domicilio tras dar cobertura a protestas por un caso de abuso sexual.
A este panorama se suma el uso del aparato legal en entidades como San Luis Potosí y Campeche, donde se han promovido reformas legislativas que instrumentalizan conceptos como el terrorismo o regulan el uso de nuevas tecnologías para encarcelar o inhibir el trabajo de los comunicadores.
La situación es preocupante, por la vulnerabilidad de los periodistas, que generalmente no tienen los recursos para contratar su propia seguridad, y por la impunidad que sigue a los crímenes, lo que puede animar a nuevos casos. Los matan porque pueden matarlos y nadie interviene.
Hace tres años, en vísperas de elecciones federales y algunas estatales, las organizaciones defensoras de derechos humanos anticiparon un periodo particularmente peligroso para ejercer el periodismo, pues históricamente la violencia contra la prensa ha aumentado en periodos electorales.
Ya la primera mitad del 2026, demostró esta advertencia.
(Fin del Reportaje)
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