El convenio contempla la implementación de programas para tales fines; así como el reconocimiento académico e institucional de cursos, diplomados, conversatorios, seminarios, talleres y demás actividades formativas organizadas por cualquiera de las partes o de manera conjunta, bajo los mecanismos de reconocimiento, validación y, en su caso, estándares de excelencia, ética y calidad en el ejercicio profesional del derecho.
El convenio fue firmado por la magistrada Laura Perla Córdova Rodríguez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León; y el doctor Fidencio Montemayor Garza, Presidente-Rector del Colegio de Abogados de Nuevo León, A.C.
Firmaron como testigos la consejera y consejeros de la judicatura Grisel Oyuky de León Rodríguez, Jacobo Sánchez González, Alvaro Ibarra Hinojosa y Carlos Eduardo Mendoza Cano.
Por parte del colegio firmaron Esther Apolonia Rodríguez Pérez, Secretaria General del Colegio de Abogados de Nuevo León; y el licenciado David Emmanuel Castillo Martínez, Primer Vicerrector del Colegio de Abogados de Nuevo León A.C.
La magistrada presidenta expresó que el convenio representa la decisión de dos instituciones de trabajar juntas para fortalecer la preparación de quienes tienen la enorme responsabilidad de defender, interpretar y aplicar el Derecho.
“La impartición de justicia exige una actualización permanente. Los retos cambian, las necesidades sociales evolucionan y las instituciones estamos llamadas a responder con mayor preparación, mayor sensibilidad y mejores herramientas.
Por ello, este convenio permitirá impulsar programas de capacitación, intercambio académico, conferencias, diplomados, talleres y espacios de reflexión que contribuirán al fortalecimiento profesional tanto de las personas servidoras públicas del Poder Judicial como de quienes integran el Colegio de Abogados de Nuevo León”.
El verdadero alcance de esta alianza va más allá de las instituciones firmantes.
“Cada conocimiento adquirido, cada experiencia compartida y cada buena práctica que logremos construir en conjunto tendrá un mismo destino: ofrecer una justicia más cercana, más eficiente, más humana y de mayor calidad para las personas.
Porque cuando fortalecemos a quienes imparten justicia y a quienes ejercen la profesión jurídica, fortalecemos también el Estado de Derecho, la confianza ciudadana y la certeza jurídica que toda sociedad necesita para desarrollarse”.
Enfatizó que el diálogo entre la academia, la práctica profesional y el Poder Judicial permite responder con mayor eficacia a los desafíos del presente y del futuro.
El presidente del Colegio de Abogados dijo que el convenio tiene profundo significado pues permitirá impulsar programas permanentes de capacitación para abogados postulantes y estudiantes de Derecho, abrirá espacios para que juezas, jueces, magistradas y magistrados compartan su experiencia y conocimiento con la comunidad jurídica.
Dijo que, pese a carencias, el Poder Judicial se encuentra posicionado como uno de los mejores del país al contar con plataformas como el Tribunal Virtual y personal jurisdiccional capacitado, a pesar de que faltan jueces.
Refirió la reforma judicial al señalar que no se puede improvisar.
“Viene la famosa elección judicial y no podemos permitir que gente sin capacitación llegue a ocupar los puestos que ahorita tienen los jueces, las juezas, los magistrados y magistradas. No se puede permitir eso. La justicia no es un concurso de popularidad. La justicia es la fuente que nos puede llevar a una auténtica paz social y a un auténtico Estado de Derecho”.
Agregó que es importante que todos los abogados, colegios de profesionales en derecho se unan para exigir que los juzgadores y las juzgadoras no sean populares, sino eficaces.
“No me importa que sean populares, me importa que sean eficaces, que sean conocedores y que estén muy bien preparados”.
El convenio estipula que se podrán proporcionar docentes y ponentes, mutuamente, con el fin de que impartan conferencias, ponencias, cursos y diplomados en las materias relacionadas con la impartición de justicia; para ello, acuerdan implementar, a través del Instituto de la Judicatura, un programa de intercambio docente, mediante el cual especialistas, personas juzgadoras, personal judicial, académicos y profesionales participen como ponentes, instructores o conferencistas en las actividades organizadas.
Se determina la realización de campañas y jornadas de sensibilización en conjunto. En el marco de las sesiones ordinarias del Colegio de Abogados, se acuerda que, al menos una de ellas se encuentre destinada para que el personal jurisdiccional lleve a cabo de manera conjunta, pláticas, conferencias y actividades de sensibilización dirigidas a sus personas integrantes.
Dichas actividades tendrán como finalidad promover la actualización profesional, el fortalecimiento de la ética jurídica, la perspectiva de derechos humanos, la cultura de legalidad y cualquier otro tema que ambas instituciones consideren relevante para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional y el libre desempeño de la profesión.
Se acuerda facilitar, en la medida de sus posibilidades y disponibilidad, el préstamo de espacios físicos para realizar capacitaciones, talleres, conversatorios, conferencias, ponencias, cursos y diplomados académicos sin fines de lucro, relacionados con los objetivos del presente convenio.
A través del Instituto de la Judicatura, se elaborará un diagnóstico de necesidades de capacitación, en el que se identificarán las áreas de oportunidad, prioridades formativas y requerimientos específicos de actualización profesional de las personas integrantes del Colegio de Abogados.
Se otorgarán reconocimientos o constancias de participación o asistencia a los cursos, seminarios, diplomados, talleres, jornadas académicas y demás actividades de formación profesional que organice en el marco de sus facultades.
Tratándose de personas servidoras públicas del Poder Judicial, las horas académicas impartidas, cursadas y aprobadas podrán ser reconocidas por el Instituto de la Judicatura como parte de la actualización y formación profesional continua que se requiere. Esto, bajo la normativa interna del instituto.
El convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia de un año, y podrá prorrogarse previo acuerdo de las partes, por un término similar.
Con el objetivo de establecer un marco de colaboración institucional para fortalecer la capacitación, actualización y profesionalización de las personas integrantes del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Nuevo León.
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