Con una amplia participación de integrantes de la comunidad jurídica, empresarial y académica, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, llevó a cabo el encuentro “Las Miserias del Derecho Penal: Anatomía de una Crisis”, un espacio de reflexión y análisis sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema de justicia penal en México.
Durante la jornada participaron Aldo Fasci Zuazua, quien abordó los retos de la seguridad pública y la estrategia criminal; Ángel Mario García Guerra, quien compartió una visión desde la magistratura y la aplicación del derecho; Consuelo Bañuelos Lozano, quien expuso la dimensión de los derechos humanos dentro del sistema penal; y Carlos Alejandro Martínez Morales, quien ofreció un testimonio sobre resiliencia y la experiencia humana frente a las fallas institucionales.
El evento se desarrolló bajo un formato innovador que combinó el análisis jurídico con una experiencia gastronómica diseñada especialmente para la ocasión. Inspirado en la obra clásica de Francesco Carnelutti, el encuentro propuso una “disección” de las distintas problemáticas que enfrenta el sistema penal mexicano, abordando temas relacionados con la seguridad pública, la impartición de justicia, los derechos humanos y las consecuencias sociales de las deficiencias institucionales.
Para Mariano A. De León, socio fundador de De León y Asociados, este tipo de ejercicios resultan fundamentales para acercar el conocimiento jurídico a la sociedad y generar conciencia sobre la importancia de contar con instituciones sólidas y profesionales.
“Creo que la sociedad tiene el gran deber de informarse para tomar decisiones de calidad y para tener una participación asertiva en las decisiones sociales”, expresó.
De León destacó además la relevancia de la capacitación permanente de los profesionales del derecho y la necesidad de impulsar mecanismos que fortalezcan la calidad de la defensa jurídica en México.
“Como Barra, hoy se comentó que es necesario que nuestro país migre hacia una colegiación de abogados para garantizar que las personas tengan una defensa adecuada y eliminar de nuestro sistema y de nuestra práctica todos esos vicios que hoy evidenciamos que tanto afectan a las personas, tanto víctimas del sistema como víctimas de los delitos”, señaló.
El abogado explicó que el encuentro fue diseñado para mostrar distintas perspectivas de un mismo problema, con el objetivo de sensibilizar a los asistentes sobre las consecuencias reales de las fallas institucionales.
“Decidimos llegar a ese nivel de capacitación a través de la concientización. Trajimos el testimonio real de alguien que vivió las consecuencias de un proceso penal en carne propia; la visión de la magistratura, de quienes imponen y revisan las sentencias; la perspectiva de la seguridad pública, de quienes están en la calle todos los días ejecutando nuestro sistema penal; y también la parte de los derechos humanos, de cómo se vive dentro de las prisiones”, explicó.
Asimismo, subrayó que el conocimiento jurídico no debe limitarse a los especialistas, ya que cualquier ciudadano puede verse involucrado en algún momento en un proceso judicial.
“Cualquier persona en nuestro día a día puede llegar a ser víctima del sistema judicial o del sistema penal mexicano. De ahí radica la importancia de estar preparados, de contar con información y conocimiento para saber cómo reaccionar frente a estas situaciones”, afirmó.
Durante la velada, los asistentes intercambiaron ideas, experiencias y propuestas orientadas a fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Los participantes coincidieron en la importancia de promover espacios de diálogo y análisis que permitan identificar oportunidades de mejora dentro del sistema de justicia, así como fortalecer la colaboración entre autoridades, juzgadores, litigantes, académicos y sociedad civil.
El encuentro dejó como principal conclusión la necesidad de seguir impulsando la capacitación, la reflexión y la participación ciudadana para construir un sistema de justicia más eficiente, transparente y humano, capaz de responder a las exigencias de una sociedad cada vez más informada y participativa.
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