- La magistrada presidenta, Laura Perla Córdova Rodríguez, participó en la Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB, para compartir estrategias en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con personal del INEGI y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA.
La Magistrada Presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, enfaitizó en la preparación adecada.
La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un cambio estructural en la administración de justicia, y resalta la importancia de enfrentar debidamente preparados los nuevos ordenamientos, señaló la Magistrada Presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, al participar en la Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIB.
En esta Asamblea, las y los Magistrados Presidentes, así como sus representantes de las 32 entidades, compartirán estrategias en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y se reunirán con personal del INEGI y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA.
El acto inaugural protocolario fue encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente de la CONATRIB, la magistrada María José Ocampo Vázquez, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, y la licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes; así como el diputado Rodrigo Cervantes Medina, Presidente del Congreso Local.
El evento fue presidido por la magitrada María José Ocampo Vázquez, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes.
Asistieron también el Presidente Municipal de Aguascalientes, Maestro Leonardo Montañez Castro; senadores, diputados federales y diputados locales; alcaldes de los municipios del Estado, Secretarios del Gabinete Estatal, jueces y juezas, magistrados y magistradas integrantes de los distintos tribunales estatales.
La magistrada María José Ocampo Vázquez mencionó que ser sede del encuentro es un alto honor pues representa un espacio de diálogo, reflexión y construcción conjunta en favor del fortalecimiento de la impartición de justicia en nuestro país. Expresó que derivado de la reforma judicial, el Poder Judicial fue renovado en su totalidad, impulsando un modelo de justicia cercana y de puertas abiertas, sustentado en tres ejes rectores fundamentales: tecnología, capacitación y abatimiento del rezago.
Al haber asumido la titularidad de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes dentro de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, recalcó el compromiso con la protección de los derechos de los menores, trabajando en una sinergia coordinada con SIPINNA Nacional, SIPINNA Estatal y la UNICEF.
“Hoy más que nunca estamos convencidos de que la justicia debe colocar en el centro a las infancias, garantizando en todo momento su interés superior, con sensibilidad, humanidad y plena observancia de sus derechos”. “Reiteramos nuestra disposición para seguir construyendo, junto con todas y todos ustedes, una justicia más fuerte, más humana y más accesible para México”, agregó.
Por su parte, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, tomó la palabra para informar sobre el Diplomado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se imparte a través del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León.
Invitó a los asistentes a inscribirse en el Diplomado, mismo que da inicio el próximo 25 de mayo, en modalidad virtual y presencial.
La Asamblea se celebró en Aguascalientes.
Resaltó la importancia de enfrentar debidamente preparados los nuevos ordenamientos. La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un cambio estructural en la administración de justicia. Este ordenamiento no sólo unifica las reglas procesales a nivel nacional, sino que impone una nueva exigencia profesional: la defensa técnica y especializada en los casos donde se vean comprometidos los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y de pueblos y comunidades indígenas.
En este contexto, el diplomado busca formar y actualizar a las personas operadoras del sistema judicial en las competencias necesarias para cumplir con estos mandatos, fortaleciendo la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la profesionalización de la defensa conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales.
El objetivo es fortalecer las competencias profesionales de las personas operadoras de justicia, defensoras públicas y litigantes en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mediante el estudio especializado de la defensa técnica, la atención diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad y la implementación práctica de los mecanismos de supervisión judicial previstos en la norma.
El magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente de la CONATRIB reconoció la participación activa de los miembros de los Poderes Judiciales de las entidades federativas. “Son ustedes quienes convierten la reforma en práctica, la norma en justicia efectiva y el ideal constitucional en vivencia tangible para la ciudadanía”.
“Nos reúne la responsabilidad federalista de articular, desde lo local, la fortaleza de la justicia nacional. Nos reúne la convicción de que cada tribunal estatal es una pieza esencial en la arquitectura institucional del país. Cada presidenta, cada presidente, cada comisionada y comisionado trae consigo la experiencia de su estado, pero también la autoridad moral de haber sostenido la legalidad en entornos diversos y demandantes”.
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